(Foto: Carlos Jasso/ Reuters)

En pasados días, el virtual presidente electo Andrés Manuel López Obrador presentó una serie de  lineamientos con los que pretende combatir la corrupción y al mismo tiempo implementar un gobierno austero a partir del 1 de diciembre cuando tome posesión.

Este plan mejor conocido como “Plan 50”, contempla cuestiones de transparencia, ahorro e incluso algunas reformas de ley como el primer punto, el cual hace referencia a reformar el Artículo 108 de la Constitución “para que el presidente de la República en funciones pueda ser juzgado por delitos electorales y de corrupción”.

Entre algunos puntos del plan se destaca que el presidente de la República se bajará el sueldo a la mitad de lo que gana el actual presidente Enrique Peña Nieto además de que también se reducirá a la mitad el sueldo de altos funcionarios públicos que ganen más de 1 millón de pesos anuales, es decir, que en el gobierno del lopezobradorista el sueldo máximo sería de 500,000 pesos anuales, aproximadamente 41,666 pesos mensuales. Cabe recordar que el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador  advirtió que su salario sería el techo salarial universal para toda la administración pública, por lo que ningún diputado, senador o ministro podrá ganar una cantidad mayor a la que él percibe, pretendiendo así ahorrar un 50% del gasto actual.

En otro punto, el 21 se menciona que, con todas estas medidas, se “reducirá con esto un 70% del personal de confianza y en un 70% el gasto de operación respectivo”. 

El documento también hace referencia a que ningún funcionario público podrá recibir regalos, cuyo valor exceda los 5 mil pesos (aunque la medida ya había sido publicada en la Ley General de Responsabilidades Administrativas), se retoma la cancelación de pensiones a ex presidentes de la República (una promesa de campaña) e incluso se menciona el trato amable que los ciudadanos recibirán en las oficinas públicas a partir del sexenio del politólogo tabasqueño.

Aunque varios lineamientos han generado incertidumbre, considero preciso analizar el punto 27, en el cual se aborda la ampliación del horario laboral en dependencias de gobierno.

Punto 27

“Los trabajadores de confianza laborarán de lunes a sábado y, cuando menos, 8 horas diarias”.

Si bien en la Ley Federal de Trabajo (LFT) se estipula que en el país se deben trabajar hasta 6 días a la semana por un día de descanso, el punto mencionado con anterioridad ha generado incertidumbre debido al uso indebido o a la interpretación errónea que pudiera dársele a “cuando menos, 8 horas diarias”, porque no reafirma la obligación de trabajar 8 horas y tener derecho a tiempo de ocio o descanso, sino que deja al aire y a posibles interpretaciones, que los trabajadores de las distintas dependencias gubernamentales trabajarán por lo menos 8 horas, es decir, no menos de 8 sino “más” y mas sin especificar hasta cuántas, lo que podría fomentar la esclavización de los trabajadores al no estipular un tope mínimo legal. 

Esclavitud en el Siglo XXI

Aunque se cree que la esclavitud es un fantasma del pasado, lo cierto es que en el siglo XXI sigue presente y lo vemos reflejado no sólo en cultivos de algodón o niños soldados en la guerra sino en empleos mal pagados de jornadas extenuantes con casi ninguna o nulas prestaciones laborales. En el ideario cultural del mexicano, es un fenómeno que se lleva muy arraigado, sobre todo gracias a nuestro pasado histórico.

Para la Organización Internacional del trabajo (OIT) un esclavo es toda persona “forzada a trabajar mediante el uso de violencia o intimidación, o por medios más sutiles como una deuda, retención de documentos de identidad o amenazas de denuncia a las autoridades de inmigración”. Y habla de que la esclavitud puede ser impuesto, por autoridades estatales, empresas privadas o individuos.

Según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) México es el país miembro en donde más horas se trabaja al año, de acuerdo a datos del organismo basado en cifras de 2017. En el país, el promedio de horas trabajadas al año por persona es de 2,257, es decir, mas de 43 horas a la semana y 8.6 horas diarias. Le sigue otro país latinoamericano, Costa Rica en donde se trabajan en promedio 2,179 horas al año.

En el otro punto del análisis se ubica Alemania como el país miembro que tiene la jornada laboral más corta con un promedio de 1,356 horas al año. Es decir, más de 900 horas menos que en nuestro país.

En Japón, un país asiático en donde se trabaja aproximadamente 1,710 horas al año, muchas menos que en México, azota un extraño fenómeno conocido como “karoshi” o muerte por exceso de trabajo, el cual ha sido reconocido por el gobierno como un problema público desde 1987 (aunque eso no signifique que no existiera desde antes) lo que ha propiciado que tanto el sector público como la iniciativa privada crearan políticas públicas e incentivos que alentaran a la gente trabajar menos y a tomar vacaciones, modificando así, el ideario cultural y evitando la muerte producto de las excesivas cargas de trabajo.

Por otra parte, Corea del Sur, un país desarrollado para la OCDE, tiene la jornada laboral más extensa para cualquier otro país desarrollado: 2,069 horas al año. Sin embargo, recientemente la Asamblea Nacional de Corea del Sur aprobó una ley que reduce de 68 a 52 horas laborales a la semana. La ley que entrará en vigor este meses una apuesta del gobierno para crear más empleos, mejorar la calidad de vida, la productividad e incluso para aumentar la tasa de natalidad que ha ido en declive en los últimos años.

Lo que lleva a replantearse para el caso mexicano, tomando como ejemplo a países productivos y desarrollados como lo son Alemania, Corea del Sur y Japón ¿más horas en la oficina efectivamente se traducen en mayor productividad laboral?  ¿O es que en México tenemos tan arraigado nuestro pasado servil que insistimos rescatarlo aún en pleno 2018?